contraloria presenta 4 informes a cada una de las dependencias correspondientes

En comisión efectuada este martes, la Contralora Municipal, Viridiana Márquez Moreno, precisó que fueron cuatro informes los emitidos por la dependencia por presunta responsabilidad por el caso del jardín de niños y supuestamente haber favorecido al Club Campestre con el impuesto predial durante la administración pasada.

La titular de la Contraloría especificó que, de los informes emitidos, al menos uno de ellos fue dirigido a la Tesorería Municipal, otra más a la Dirección General de Desarrollo Rural, dos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

“En este caso la Ley tanto Federal de responsabilidades administrativas como la ley estatal, establece como sanción para faltas no graves lo que es la amonestación, puede ser pública o privada, puede ser la suspensión de uno a 30 días naturales, la destitución, la inhabilitación que puede ir de 3 meses a un año; estas son las sanciones que son establecidas en la misma ley, pueden establecerse incluso dos o más sanciones siempre y cuando sean compatibles”, refirió la Contralora Municipal.

Al respecto, el Síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien en su momento realizó las denuncias ante la Contraloría, dijo que se trata de 3 asuntos no graves y uno sí, por lo que la dependencia municipal tiene la facultad de sancionar a los responsables.

“Habla de los cuatro casos en donde se tenía una presunta responsabilidad administrativa de cuatro funcionarios públicos, entendemos que tres de ellos son graves y uno no es grave, y el que es grave sabemos que va a instancias superior, pero los tres que no son graves, la pregunta es, ¿ahí la contraloría es la que tendrá la facultad de aplicar una eventual sanción en caso de acreditarse? Si es así cuánto tiempo más o menos dura el proceso”, comentó el Síndico de la Administración.

Finalmente, la Contralora dijo que una vez que se lleva la audiencia inicial los presuntos responsables tienen derecho a hacer valer sus pruebas mientras que la Contraloría tiene 15 días para acordar las pruebas que se ofrecieron, posteriormente se hace el desahogo, si hay pruebas que así lo ameriten, en caso de que no, se abre el periodo de alegatos que es por el término de cinco días, una vez que se dé ese paso tienen 30 días para determinar la resolución correspondiente.

Source: Bajio

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